España debe reducir un 26 % sus gases de efecto invernadero para el 2030

La UE carga en los países más ricos un mayor ajuste en vivienda, transporte y residuos

Daniel Roldán / Colpisa, 22 de julio de 2016. 

ANGEL DIAZ | EFE

La Unión Europea ha puesto deberes a los países miembros para eliminar la emisión de gases invernadero. En el 2014, los Veintiocho pactaron que esa reducción sería del 40 % para el 2030, un acuerdo que se ratificó en París en la cumbre mundial del clima (COP21). Para lograr este ajuste, los sectores de la industria y la energía regulados por el régimen de comercio de derechos de emisión deben descender un 43 % con respecto a las emisiones del 2005. Quedaba pendiente otro gran bloque formado por cuatro sectores (vivienda, agricultura, transporte terrestre y gestión de residuos) que provocan el 60 % de las emisiones de CO2, metano o protóxido de nitrógeno, entre otros.

Una cantidad que había que repartir entre todos los países miembros. Y la Comisión ha optado por la solución más sencilla: los países más ricos y emisores deben asumir la mayor parte de la tarea. Así, Alemania y Francia deberán descender sus emisiones prácticamente lo mismo -38 % para los germanos y un 37 % para el país vecino-. Otro 37 % deberá disminuir el Reino Unido, que, para estas cuestiones, todavía cuenta a pesar del brexit. Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Austria, Finlandia y Suecia deberán cifrar sus esfuerzos en una reducción de entre el 35 % y 40 %. ¿Y España? Tendrá que bajar un 26 % sus emisiones de gases invernadero para dentro de catorce años.

«Los objetivos nacionales vinculantes que proponemos son justos, flexibles y realistas», defendió Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía. Sin embargo, este criterio de riqueza ha provocado quejas, ya que Polonia, quinto emisor europeo, solo tendrá que reducir un 7 % sus emisiones. Es la misma cantidad solicitada para Hungría y Croacia; en cambio, a Rumanía y Bulgaria, los dos países más pobres de la UE, solo se les pide un descenso del 2% y que mantengan los mismos niveles, respectivamente.

Transporte público y eléctrico

Los países tendrán libertad para encontrar el camino que les lleve a conseguir los objetivos marcados por Bruselas, que hace alguna recomendación obvia. Por ejemplo, en materia de transportes, que ha reducido sus emisiones desde el 2007, aboga por los medios públicos y que estos sean lo menos contaminantes posible. También apuesta por los coches eléctricos, los biocombustibles o mejorar los niveles de eficiencia energética de los edificios, como el uso de energías renovables para reducir la dependencia del carbón. En cuanto a la agricultura, la Comisión propone recuperar el estiércol para realizar biogás.

Además de la meta final, la Comisión también marca unos deberes anuales y ofrece la posibilidad de que se vendan y compren cupos de emisiones. Y como en el sistema actual, ofrece la posibilidad de economizar los créditos de emisión y gastárselos otro año si van más justos. También permite dos «flexibilidades» para que los países cumplan. Un grupo con más renta per cápita (Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Austria, Bélgica, Irlanda y Malta) podrá acceder a un cupo para cumplir con sus objetivos «particularmente exigentes». Eso sí, no pueden representar más de 100 millones de toneladas de CO2 entre el 2021 y 2030. La segunda flexibilidad es que los países podrán acreditar hasta 280 millones de toneladas de C02 de ciertas categorías de usos de tierra, como praderas, cultivos o reforestación.

El plan presentado por la Comisión Europea cuenta con la oposición de la gran mayoría de las organizaciones ecologistas, que lo calificaron de «insuficiente».