Javier Romero /LA VOZ. 30/10/2010
Lo cuentan tres meses después asegurando que el trago que están pasando no se lo desean a nadie. La historia que relatan José Manuel Lago y su esposa María Teresa Lourido es como mínimo anómala. Aseguran que el 22 de septiembre, durante la fiesta castrexa de Porto do Son, la Policía Local los multó por gritar «libertad de expresión», no siendo conscientes de la sanción hasta que el cartero la dejó en el buzón unos días después. La multa, de 200 euros para cada uno, asegura en el apartado de hechos imputados que la Policía Local no pudo realizar su trabajo esa noche de verano por los gritos que, entre otros José Manuel, se pronunciaban cuando los agentes municipales intentaron interrumpir el discurso improvisado de una vendedora ambulante que cargaba en la plaza de la villa contra la organización de esta celebración histórica.
Pasado ese tiempo, José Manuel Lago explica que «eu nunca insultei a ninguén, o que si que fixen foi berrar ''liberdade de expresión'', xa que a rapaza estaba falando e tiña todo o dereito a facelo». Otra de las cuestiones curiosas de esta polémica en la villa marinera es que los vecinos sancionados aseguran que la mujer de José Manuel, María Teresa, «non estaba xa que marchara coa neta para a casa e o único que estaba era eu, por iso esta multa entendemos que non ten fundamento ningún», explica el marido. Ante esta situación, el matrimonio sonense decidió poner en manos de la Justicia las multas para que sea ella la que dictamine. En este momento, y según cuentan en el despacho de abogados que está llevando el caso, se han interpuesto sendas alegaciones «solicitando su anulación y proponiendo prueba testifical que acredita que ninguno de los dos cometió las supuestas conductas sancionadas». Serán también los testigos los que intenten demostrar que María Teresa no estaba físicamente cuando se inició la protesta.
Ley Corcuera
En la Policía Local de Porto do Son, cuerpo que tramitó la multa, aseguraban ayer mismo a través de un portavoz que «se trata de una sanción que se corresponde con la Ley 1.92 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que es la famosa ley Corcuera, y en ella se recoge que nadie puede provocar reacciones entre el público en contra de la policía, que en ese momento estaba actuando, cosa que este individuo logró en un momento determinado».
Hay que recaudar como sea
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